Francia plantea penas de cárcel por pernoctar a bordo de los camiones

Las asociaciones advierten de la desarmonización del mercado europeo

Un año de cárcel y hasta 30.000 euros de multa. Éste es el castigo que podría afrontar un empresario de transporte en Francia si no vela por que sus trabajadores cumplan con la obligación de realizar los descansos “normales”, de 45 horas, fuera de sus vehículos. Así lo recoge la proposición de ley impulsada por el diputado del Partido Socialista (PS) Gilles Savary, que propone endurecer severamente las penas por no cumplir la normativa de reposo actual, con la finalidad de reducir el dumping social y la competencia desleal entre los trabajadores de los 28 Estados de la Unión. Según dicta una directiva europea del año 2006, los descansos “normales” deben hacerse fuera de los vehículos, a pesar de que esto, en la práctica, no sucede. Tras dos sesiones de debate y desatar la polémica en el país galo, el próximo 25 de febrero, la Asamblea Nacional francesa procederá a votar la nueva regulación.

Las asociaciones francesas del sector de la carretera han recibido la propuesta con escepticismo. “Descansos fuera de la cabina. ¿Cómo lo hacemos?”, plantean en un comunicado conjunto la Unión de Empresas de Transporte y Logística en Francia (TLF), la Federación Nacional de Transporte por Carretera (FNTR) y la Unión Nacional de Organizaciones Sindicales de Transportistas de la Carretera (Unostra). En el texto, los colectivos califican de “desproporcionadas” las penas que plantea la nueva ley y demandan que sean revisadas “a la baja”. Además, las asociaciones denuncian que Francia no dispone de la infraestructura necesaria para albergar a los conductores si trasnochan fuera de sus camiones ni para vigilar sus vehículos. En consecuencia, dudan de la aplicabilidad de la medida más allá del efecto mediático que pueda tener por la dureza de sus penas.

De hecho, la delegada general de la Unostra, Catherine Pons, manifiesta abiertamente que no cree que el Estado acabe aprobando la nueva legislación. Para la asociación que representa, el camino que debería tomar el Ejecutivo, sería, en primer lugar, que el Estado realizara un recordatorio a conductores y empresas de la normativa vigente, y en caso de reincidencia, “se impusieran multas e inmovilizaran a conductores y mercancías”. En el mismo sentido, el director general de la española Astic, Ramón Valdivia, afirma que las multas son exageradas y de difícil aplicación.

Esta medida se remonta a un informe elaborado por Savary que destaca las diferencias salariales y de competencia entre los países de la UE. Junto a la entrada en vigor el próximo 1 de abril de la tasa británica por uso de infraestructuras a los transportistas extranjeros, esta ley aumenta las dudas de las asociaciones sobre la armonización del mercado europeo. “Estamos en un Estado europeo con 28 países en los que se puede circular sin fronteras, pero el mercado común parece no existir. Para ser competentes, Europa debe desarrollar unas reglas mínimas comunes fiscales, sociales y de control”, manifiesta Pons. Por su parte, Valdivia aboga por que los pilares del mercado se sustenten en “dar menos pautas, que éstas sean más claras y unificar su vigilancia”, concluye el director general de Astic.

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