Cuando reclamaban 80.000 euros a la familia de un camionero que murió en un accidente laboral - Noticias Debates en Foro Transportistas

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    Cuando reclamaban 80.000 euros a la familia de un camionero que murió en un accidente laboral


    • La empresa pedía a sus hijos que pagaran la máquina.
      José Manuel González falleció en junio de 2015 al volcar la hormigonera que conducía en la AS-215

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      Foto cedida por Bomberos de Asturias


       La vida de Silvia Boto se detuvo el 26 de junio de 2015. Se encontraba en casa de sus padres cuando, en torno a las cinco de la tarde, recibió la terrible noticia a través de una llamada telefónica: su marido, José Manuel González Menéndez, de 40 años, acababa de fallecer después de que el camión hormigonera que conducía quedase completamente calcinado tras volcar en la AS-215, a la altura de la localidad de El Rodical, en Tineo.

      CRONOLOGÍA
      26 de junio de 2015. El camión hormigonera que conduce José Manuel Menéndez vuelca en la carretera AS-215, a la altura de El Rodical, en Tineo. El vehículo se incendia y el conductor fallece.

      15 de diciembre de 2015. La viuda, Silvia Boto, recibe una carta certificada en la que la empresa para la que trabajaba el finado, Contratas Fernández Granda S. L. requiere ser indemnizada por sus hijos, de nueve y cinco años, por los daños originados en el vehículo. El montante asciende a 80.353,29 euros.

      3 de marzo de 2016. La familia de José Manuel recibe una tercera misiva certificada en la que la empresa insiste en ser indemnizada por los daños sufridos por la hormigonera. Da un plazo de quince días para satisfacer la 'deuda', que asciende a 80.353,29 euros más «el 10% de intereses moratorios».

      17 de marzo de 2016. Se celebra un acto de conciliación en el que no se llega a ningún acuerdo. La empresa tiene un año para presentar una demanda contra la familia.

      Desde entonces, en esa pronunciada curva de la carretera que une Tineo con el embalse de La Florida, unas flores señalan perennemente el lugar en el que se dejó la vida un hombre «demasiado bueno», padre de dos niños de nueve y cinco años y amante del fútbol y los bolos vaqueiros. Desde entonces, Silvia intenta aprender a vivir sin el que fue su primer y único amor, con quien llevaba 17 años residiendo en Tineo. La vida se le paró aquel día, y apenas seis meses después, el 15 de diciembre, cuando esta madre natural de la pequeña localidad de Villar del Naviego, en Cangas del Narcea, comenzaba a recomponerse poco a poco, una misiva certificada hizo que el mundo se le viniese encima de nuevo. «Cuando leí la carta no daba crédito. No me lo podía creer, sencillamente», reconoce. En el documento, la empresa para la que trabajaba su marido en el momento del accidente, Contratas Fernández Granda S. L., reclamaba a «los herederos» del finado que se hiciesen cargo de «los daños causados al vehículo marca Iveco (33.365 euros) y a la hormigonera (46.988,29)». En total, la empresa pretende que los hijos de José Manuel paguen 80.353,29 euros.

      La compañía, con quien se puso en contacto este diario y que declinó hacer declaraciones al respecto, justifica su petición alegando que «según consta en el atestado instruido por la Guardia Civil» el fallecido conducía a «una velocidad inadecuada para el trazado de la vía, posiblemente por una distracción o desatención a la conducción». Algo que para Silvia «son solo hipótesis que no se pueden demostrar, pues los discos diagramas -una suerte de 'caja negra' donde queda registrada toda la información del vehículo- se perdieron en el incendio. No hay pruebas y lo cierto es que un camión cargado y cuesta arriba no puede ir a mucha velocidad». La viuda señala también que «José Manuel se caracterizaba por conducir bastante más despacio que el resto de compañeros y así se lo habían señalado en más de una ocasión».


      JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ

      «Mi marido ya pagó con su vida. ¿Qué más quieren?», se lamentaba Silvia Boto
      Tras consultar con su abogado, Silvia decidió hacer caso omiso de la carta. Hasta ese momento nadie de la empresa había intentado ponerse en contacto con ella, «ni siquiera para saber cómo estábamos los niños y yo» y la única indemnización que la familia había recibido fueron los 15.000 euros que abonó la aseguradora del vehículo. «La empresa dice que nos indemnizó con 75.000 euros, pero a día de hoy yo todavía no vi nada en mis cuentas. Es mentira», asegura.

      «Son represalias»

      Las aguas parecían haber vuelto a su cauce cuando una segunda carta certificada volvió a poner patas arriba el mundo de esta familia el pasado 3 de marzo. En esta ocasión, el documento insistía en que Silvia, como «esposa del fallecido y legal representante de los hijos menores de edad, herederos del finado», hiciese efectivo el pago de «80.353,29 euros más el 10% de intereses moratorios».

      Silvia recibió también una citación para acudir a un acto de conciliación que se celebró el 17 de marzo y al que asistió su abogado. «No se llegó a ningún acuerdo y ahora la empresa dispone de un año para presentar una demanda», explica, y se muestra firme. «Mi marido ya pagó con su vida, ¿qué más quieren? ¿De dónde pretenden que saquemos tanto dinero? Si hay que ir a juicio, iré, no me voy a dejar pisotear», asevera, y mantiene que «todo el mundo que está al corriente de toda esta historia coincide en que es algo inaudito». En su opinión, esta forma de actuar de la empresa no es más que «una represalia» por las denuncias que ella misma presentó ante Inspección de Trabajo y el Convenio de Transportes. «Hacía más horas y trabajaba más días de lo que le correspondía. Le dijimos mil veces que lo dejase, pero él decía que tenía que alimentar a sus niños», recuerda.

      «Lo único que quiero es que nos dejen en paz. Que el dueño de la empresa viva su vida y me deje a mí vivir la mía», asevera. Su familia y vecinos la han estado arropando desde el primer minuto. «Como esto siga adelante no dudaremos en recoger firmas, salir a la calle o lo que haga falta hasta frenar esta injusticia», aseveran.

      Fuente:
      Elcomercio.es
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