Según un informe confidencial del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso, en exclusiva, Mediterráneo Digital, y en el que se basó el Ministerio de Sanidad para modificar la polémica Ley de Extranjería, solo rumanos, ecuatorianos y marroquíes ‘se comen’ siete de cada diez euros que Sanidad invierte en inmigrantes sin recursos: 315 millones de euros para cubrir la asistencia médica de unas 300.000 personas.

El erario público destina 451 millones de euros cada año para cubrir la asistencia médica a los extranjeros que alegan no tener recursos económicos suficientes. Según la exhaustiva investigación, a 15 de junio de 2010 en España residían 453.349 personas “sin recursos económicos suficientes” a las que se les reconoció el derecho a la asistencia sanitaria.

Para todas aquellas personas que se cobijaran bajo este paraguas, España se comprometía a no recibir ningún recurso financiero de sus países de origen por la atención médica. El ministerio hizo la ley, y los inmigrantes hicieron la trampa.

El análisis del Tribunal de Cuentas detectó que muchos de estos inmigrantes incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país y que venían “exclusivamente a España a recibir atención sanitaria”.

Uno de los problemas que plantea el acceso a las prestaciones sanitarias a través de la figura jurídica de “persona sin recursos económicos suficientes”, siempre a juicio del informe, es el riesgo de utilización de la misma por parte de personas que sí cuentan con dichos recursos económicos, bien que están “o deberían estar” aseguradas por la Seguridad Social de otros países y utilizan indebidamente esta figura para acceder a prestaciones.

El órgano regulador detalla alguna de las irregularidades concretas que ha detectado, como el caso de 284 inmigrantes que han sido atendidos en España en virtud de una tarjeta sanitaria europea emitida por otros países y que, a su vez, tenían derecho a la asistencia sanitaria en nuestro país por carecer de recursos económicos suficientes. El coste de la asistencia sanitaria prestada, según las estimaciones del Tribunal y aplicando el menor de los dos importes de cuotas globales aprobados para España, ascendió a 282.829 euros anuales.

Ahora, el Estado se ha quedado sin dinero.

Fuente: Mediterraneodigital.com