Finalmente, Francia aprovó una nueva infracción penal que sanciona con un año de prisión y 30.000 euros de multa  por realizar el descanso semanal a bordo de los camiones. La justificación es que es “competencia desleal”. Se considera que competencia desleal son otras acciones que ahora se están llevando a la práctica por multitud de empresas y sí que suponen una auténtica distorsión del mercado de transporte, como la deslocalización (o la localización en países con menos coste social, laboral, fiscal…)

Como se adelantó  el pasado mes de Abril, la Asamblea Nacional Francesa  aprobó  una serie de medidas de lucha contra la competencia desleal en materia social, por la que se modifican, entre otros, el Código de Trabajo y el Código de Transportes francés relativo a las disposiciones sobre desplazamiento temporal de los trabajadores en territorio francés.

La nueva regulación establece que todo empresario deberá vigilar que el trabajo de sus conductores se ejecute de conformidad con las disposiciones establecidas a fin de garantizar, entre otros, el derecho al descanso semanal normal de sus conductores en condiciones dignas.

A tal fin, el Código de Transportes introduce una nueva infracción dirigida a los empresarios consistente en una pena de un año de prisión y una multa económica de 30.000 euros para los siguientes incumplimientos:

• 1)    Realizar los conductores el descanso semanal normal (no reducido) a bordo del camión. Cada dos semanas, el conductor puede reducir el descanso normal (45 horas) y hacer un descanso semanal reducido (mínimo 24 horas). Es el descanso reducido el que Francia considera competencia desleal a partir de ahora.
• 2)    Remunerar a los conductores en función de la distancia recorrida o del volumen de las mercancías transportadas, al comprometer la seguridad vial e inducir al incumplimiento de la normativa sobre tiempos de conducción y descanso.

En relación a esta nueva infracción penal aprobada por Francia,  tal y como anunció, se presentó una denuncia ante la Comisión Europea para que analizara si la proposición de ley francesa que se estaba tramitando respetaba la normativa europea sobre regulación del transporte internacional y sobre armonización social en el sector del transporte por carretera.

En respuesta a dicha denuncia, la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea ha informado formalmente  que “está analizando si el tipo de multas aplicadas por las autoridades francesas en estos casos, así como su cuantía, quedan justificados por la gravedad de las infracciones y si, por lo tanto, se ajustan al principio de proporcionalidad …. y si los controles se efectúan de forma no discriminatoria”.

A este respecto, la Comisión Europea ha confirmado  que, “si llegara a la conclusión de que se ha infringido alguno de los principios que han de informar el tipo o la cuantía de las sanciones, podría considerar la apertura de un procedimiento de infracción con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.

En todo caso, se considera que la nueva infracción penal aprobada no guarda relación alguna con la necesaria lucha contra la competencia desleal que fundamenta la aprobación de dicha medida, ni tampoco ha tenido en cuenta la repercusión práctica que la misma puede suponer en los cientos de miles de conductores profesionales que semanalmente circulan por las carreteras francesas (sólo en el caso de España, más de 20.000 conductores profesionales cruzan la frontera diariamente) sin que previsiblemente exista infraestructura hotelera suficiente para alojar a dichos conductores.

La deslocalización de empresas sí que es competencia desleal a juicio de FENADISMER

Por el contrario, y en la misma línea de lucha contra la competencia desleal, FENADISMER continúa insistiendo en la necesidad de que se apruebe un verdadero Plan de lucha contra la competencia deslealcoordinado a nivel de todos los países de la Unión Europea, que persiga a las empresas de transporte que establecen su residencia en terceros países a los exclusivos efectos de aprovecharse de unos menores costes fiscales y laborales, pero que en la práctica desarrollan su actividad de transporte principalmente fuera del país donde se han establecido. A tal fin, FENADISMER considera necesario que los Estados miembros, donde prestan sus servicios las empresas de transporte procedentes de terceros países, exijan que las condiciones de trabajo y los salarios de dichos conductores se ajusten a las del resto de conductores nacionales y que se controle que la tributación de los servicios de transporte prestados se lleve a cabo en el país de acogida y no en el de establecimiento de la empresa.