Utilizar inhibidores de radar o trucar el tacógrafo son desde la reforma del Código Penal en 2010 causa objetiva para decomisar un vehículo. La retirada del arma del delito se presentó entonces como una alternativa al ingreso en prisión y una medida más eficaz para concienciar al infractor de la imprudencia o negligencia cometida al volante.

Desde la Agrupación de Tráfico, el teniente coronel Francisco Javier Molano defiende el decomiso como el "mejor escarmiento" para los conductores asociales.

Hasta el año 2010, la incautación del vehículo era una medida que quedaba a elección del fiscal. Con la reforma penal, el decomiso se extendió a los multirreincidentes y las infracciones más graves al volante. Esta medida comenzó a aplicarse en España en la Fiscalía de A Coruña ya en 2007.

Como en el caso de los bienes decomisados a narcos y bandas de delincuencia organizada, los vehículos retirados a los conductores más infractores eran vendidos en subasta. Pero la Fiscalía propuso que en lugar de enviarlos a un depósito, donde su estancia es costosa y les hace perder valor, sean entregados a alguna administración o entidad privada para fines sociales, proyectos de reeducación o incluso a las víctimas de accidentes viarios.

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