La nueva criatura se llama Anteproyecto de Ley sobre el Acceso a los Beneficios Públicos y de Medidas contra el Fraude Fiscal. Su tramitación ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía recientemente y más pronto que tarde se incorporará al zoo normativo y reglamentario vigente.

Los objetivos de esta iniciativa legislativa, según se dice en su presentación, «son garantizar el acceso a las ayudas públicas de las personas que realmente lo necesiten, frente a otras con mayores recursos económicos, e intensificar la lucha contra las irregularidades tributarias». Del mismo modo, se pretende «ajustar los procedimientos para que las ayudas lleguen a quien le corresponden (…); no se crean ni modifican tributos, sino que se pretende establecer requisitos que garanticen una mayor equidad». Un hermoso, seductor y hasta convincente relato, como siempre suele ocurrir en las exposiciones de motivos de este tipo de reglamentaciones, luego ya sabemos todos de lo que se trata y lo que sucede en la realidad.

En cualquier caso, el anteproyecto dispone de varios capítulos; uno de ellos, el segundo, dedicado a «las medidas de control adicional para evitar el fraude fiscal», que introducirá modificaciones en la normativa sobre tributos cedidos para reforzar los elementos de control que eviten eludir impuestos y que los contribuyentes se beneficien indebidamente de menores tipos o reducciones en la base imponible. Fundamentalmente en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en Sucesiones y Donaciones.

Fuente: Indignado.es