Foto de archivo.
La investigación para dirimir si existía una trama del transporte en Cantabria puso de relieve estas propuestas a cambio de buen trato. Testigos del caso aseguran que empresarios pagaron vacaciones a funcionarios y a sus familias


La investigación de una presunta trama en el transporte de Cantabria a cargo del Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil para dirimir si se han producido presiones a compañías del ramo, pesquisas que afectan a miembros de la Benemérita, funcionarios de la Consejería de Industria del Gobierno autonómico y empresarios, se topó con proposiciones a los afectados para recibir mejor trato en la carretera, sugerencias que incluirían viajes al Caribe y alimentos gourmet.


Según pudo acreditar EL MUNDO, a lo largo de las indagaciones del GIAT se pusieron de relieve estas peticiones. Sin ir más lejos, llaman la atención las propuestas de un guardia civil de la Comunidad a camioneros perjudicados por las sanciones e inspecciones. El agente supuestamente realizaba el ofrecimiento en plena carretera con la contraprestación de no tener más problemas en las rutas.


¿Qué pedía? Que se le pagaran viajes de placer a Cuba, a Santo Domingo (República Dominicana) o Mallorca. En caso de que no se optase por la opción turística, ofrecía una segunda alternativa en forma de manjares, ya fueran cajas de caracoles o setas, entre otras viandas.


Lo curioso de la solicitud es que las contrataciones de los viajes había que formalizarlas en una agencia concreta de Santander, lo mismo que la entrega de los alimentos de alta gama, que debían llevarse a un establecimiento hostelero de la periferia de la capital.


Tal es así que en algunos de los casos esos regalos irregulares sí que se concretaron en el mencionado restaurante. Según la investigación, el dueño del local ni siquiera preguntaba acerca del destinatario y se limitaba a recoger el paquete tras ver al camionero afectado. Al poco rato alguien del entorno próximo del agente procedía a llevárselo.


Este local de hostelería no coincidió con el que presuntamente fue el escenario de una compraventa ilegal de una tarjeta de transporte entre un empresario de la carretera y funcionarios de la Dirección General de Transportes, hechos desvelados días atrás por este periódico y que analizan los efectivos del GIAT. Los indicios del caso apuntan a una red de diferentes bares y restaurantes diseminados por la Comunidad en los que se llevarían a cabo este tipo de actos irregulares, lejos de los ojos de la propia Consejería o del destacamento de la Guardia Civil. Cabe incidir en que la predisposición de la Benemérita en Cantabria es total para depurar responsabilidades y ayudar en la compleja labor de los agentes, de otra autonomía, que analizan si hay una trama en la región.


De hecho, ya se adoptaron las primeras medidas preventivas a la espera de cómo hubiera avanzando el caso.
Pero hay más. De los materiales de la investigación se colige que este tipo de prácticas y regalos para gozar de manga ancha en la carretera podrían remontarse al menos hasta 2007 o 2008. Así lo afirman algunos testimonios, que apuntan que compañías del sector habrían pagado viajes a funcionarios de Transportes junto a sus familias. Estas vacaciones igualmente se contratarían en unas agencias determinadas. No obstante, en caso de haber delito, algunos de los ilícitos estarían ya prescritos.


‘VOX POPULI’
Una de las reacciones más contundentes a raíz de las informaciones que ha ido revelando este periódico a lo largo del mes procede de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). En una nota de prensa denunció las sospechas «por parte de muchísimos agentes» acerca de actividades o comportamientos «al menos poco éticos» por parte de algunos de sus compañeros, algo que era «vox populi» en la Benemérita dado que los aludidos no ocultaban precisamente sus actividades ni su agenda, segúnla AUGC.


UNA AUDITORÍA TRANSVERSAL AL RAMO
Las pesquisas que se llevaron a cabo efectivos del Grupo de Información de la Agrupación de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil para dirimir si existió una trama corrupta del transporte en Cantabria que afectaría a funcionarios, guardias civiles y empresarios inspeccionan al sector de forma transversal, pues la investigación tenía diferentes vertientes, como ha ido explicando EL MUNDO.


Una de ellas es la relativa a los cursos de formación de los camioneros, pues los agentes tenían indicios de que se habría podido ofertar esta capacitación sin necesidad de asistir a las clases. Igualmente se auditan las sanciones y las inspecciones, así como las presiones a algunas empresas afectadas, que incluso han recibido advertencias anónimas para que no acudiesen a un juicio en el que se dilucidaba una multa dudosa de la Administración. El caso examina al instructor jefe de Transportes del Gobierno de Cantabria, Juan Martínez López- Dóriga, así como a su hijo y a la empresa a la que éste está asociado, Lextransport, entre otros actores.
Cabe precisar que la labor del GIAT no se circunscribe únicamente a Cantabria, sino que se están recogiendo pruebas en otras comunidades en que se repetirían los patrones.

Fuente: Cantabria24horas.com