- Fomento calcula que entre 600.000 y 750.000 vehículos pesados pasarán a la AP-9 desde las carreteras nacionales y que otros 100.000 serán absorbidos por la AP-53

La Guardia Civil de Tráfico multará a los camiones que no utilicen los tramos de las autopistas gallegas que contarán con bonificaciones para los transportes pesados. Esa es el proyecto que el Ministerio de Fomento ultima con la Dirección General de Tráfico para que se encargue de fiscalizar el tráfico de dichos transportes en los tramos de las carreteras nacionales en las que quedará prohibido su transito y pasará a ser obligatorio circular por las autopistas que hagan un recorrido similar a las vías vetadas para los camiones.

Después de que plantee su propuesta de reorganización del transporte por carretera a los representantes del sector, la DGT será el siguiente interlocutor con el que Fomento abordará el sistema de control a camiones que prevé implantar en los seis tramos gallegos donde la alternativa obligatoria será el uso de las autopistas AP-9 y AP-53.

El departamento de Tráfico, dependiente de Interior, será el que determine qué posibilidades de uso les quedará a los camiones en los tramos afectados. De entrada, solo podrán transitar por ellos cuando realicen transportes entre puntos comprendidos en trayectos más cortos que el que se establezca como obligatorio por la autopista, para lo que tendrán que demostrar con la carta de portes cuál es su origen y destino. Según prevé Fomento, la Guardia Civil organizará controles aleatorios para fiscalizar dicha documentación, y en caso de incumplimiento imponer las sanciones que se estipulen.

Multa de 500 euros en Cataluña
El único caso existente en España que establece a los camiones la obligatoriedad de transitar por la autopista se da en Cataluña desde abril del 2013, en la N-2 entre Maçanet de la Selva y el paso fronterizo de La Junquera. El uso de los 80 kilómetros de autopista que unen ambas localidades supone a los camioneros un sobrecoste de 39 euros, pero la multa a la que se exponen por no transitar por la AP-7 es de 500 euros.

En el caso de Galicia, y según el borrador en el que trabaja el ministerio de Ana Pastor, se determinará la prohibición del paso de camiones en la N-651 (entre Fene-Guísamo); en la N-550 (de Macenda a Santiago; de Santiago a Pontevedra y de Pontevedra a O Porriño), y en la N-525 (entre Santiago y el Alto de Santo Domingo, en Dozón). En total serán 188 kilómetros de la AP-9 y la totalidad de los 56 de la llamada autopista Central de Galicia, la AP-53. El sobrecoste a asumir por los transportistas será de 20,95 euros en el caso de los más pesados que hagan el recorrido entero por la autopista del Atlántico y 16,47 para los menores de tres ejes, y de 5,97 y 5,03 respectivamente en el caso del vial entre Santiago y Dozón.

Tras abordar con los transportistas primero, y con la DGT después, los detalles del acuerdo para la implementación de la prohibición en los seis tramos elegidos en la comunidad, Fomento abordará con las concesionarias de sus dos autopistas en Galicia, Audasa y Acega, cómo y en qué cuantía les retribuirá la Administración central la bonificación del 50 % previsto en los peajes de los transportes pesados.

Rebaja para Fomento
La previsión del ministerio es no abonar exactamente la mitad de los peajes que dejen de pagar los transportistas. El criterio que esgrimirá el departamento de Pastor es que con el trasvase obligatorio de camiones de las nacionales a las dos autopistas, las concesionarias verán incrementado, y con un alto grado de seguridad su volumen de usuarios.

De hecho, las cuentas con las que trabaja Fomento estiman que en el caso de la autopista del Atlántico serán entre 600.000 y 750.000 los camiones que se trasvasen de las carreteras nacionales a sus cinco tramos a bonificar. Y en el de la AP-53, la Administración central cuenta con retirar otros cien mil de la N-525.

El año pasado la AP-9 fue utilizada por 675.615 camiones, y la AP-53 por 124.100, con lo que la medida prácticamente en los dos casos duplicaría la presencia de vehículos pesados en sus firmes. Dicho incremento en el uso de las autopistas es en el que se basará el ministerio, según avanza ya, para reclamar de las dos concesionarias una rebaja en la factura que debe afrontar la Administración, al dar por hecho que incrementarán con este plan sus beneficios, sin que le suponga un quebranto en sus cuentas, aunque eso sí, se acelerará el desgaste del asfalto con el paso de unidades de mayor tamaño y peso.

Como un coche
Los cálculos con los que ya trabaja el sector del transporte reflejan que los camioneros tendrían que pagar, en cuanto entre en vigor la medida, lo mismo que a día de hoy abonan los vehículos ligeros en los peajes de las autopistas gallegas.

Fomento planteará al sector del transporte las ventajas en cuanto a seguridad y rapidez que obtendrán los camiones en sus desplazamientos al evitar núcleos de población y tramos de un único carril, al tiempo que esgrimirá los índices de menor siniestralidad que reflejan las autopistas también para los vehículos pesados. Dichas aspectos positivos son para la Administración suficientes garantías como para justificar el pago de peajes, en la medida que propone Fomento con la bonificación del 50 % como se indica en el borrador de su propuesta.

Quedan por vencer aspectos técnicos que retraen a los transportistas del uso de la autopista como las pronunciadas pendientes, de hasta el 6 %, existentes en la AP-53 entre Puente Ulla y Lamela, orografía que evitan los camioneros por la nacional al ser más benigna y más rápido el trayecto.